La semana pasada, ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley de reforma laboral que representa un alarmante retroceso en materia de derechos para trabajadoras y trabajadores. Lejos de mejorar las condiciones laborales o generar empleo de calidad, esta iniciativa avanza sobre principios fundamentales de la legislación laboral argentina, que ya se encontraban plenamente consolidados.

El proyecto propone la implementación de un llamado "salario dinámico", permitiendo a la patronal definir de forma unilateral cuánto percibirá una persona trabajadora mensualmente, basándose en criterios de productividad o mérito. Esto eliminaría la estabilidad salarial, afectando así la previsibilidad económica de los trabajadores.

Asimismo, introduce un sistema de "banco de horas", que habilita al empleador a extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias, su compensación con horas simples pero sin la obligación de abonar horas extras. Esta medida dejaría en manos del empleador la determinación de la carga horaria diaria, impactando directamente en la organización de la vida personal y familiar.

En cuanto a despidos, la reforma reduce significativamente las indemnizaciones al excluir del cálculo conceptos como vacaciones, aguinaldo, bonos, premios o propinas. Esto implica una pérdida económica directa para aquellos que pierden su empleo y genera una mayor precarización laboral.

Otro aspecto alarmante es la posible aplicación retroactiva de la ley, que afectaría tanto a quienes ya están trabajando —especialmente aquellos con mayor antigüedad— como a quienes ingresen a nuevos puestos de trabajo, consolidando un escenario de desmejora en las condiciones laborales.

El proyecto limita severamente el derecho a huelga al considerar el paro como causal de despido, atacando una de las herramientas históricas de reivindicación y defensa de las condiciones laborales.

También promueve la subcontratación, el contrato de trabajo eventual, a tiempo parcial y el monotributo, permite que se modifiquen las condiciones de trabajo existentes a la baja con convenios de empresa, permite el fraccionamiento de las vacaciones, dispone el pago de un salario reducido a quien tenga una incapacidad, permite que los créditos judiciales con sentencia firme se paguen hasta en 12 cuotas, persigue la actividad sindical, entre tantas otras cuestiones que atentan contra los derechos laborales fundamentales.

Esta reforma impactará de lleno en la vida cotidiana de millones de trabajadoras y trabajadores, no para mejorar su situación, sino para profundizar la desigualdad y debilitar su capacidad de organización colectiva.

Por estas razones, este jueves 18 de diciembre, nos movilizaremos a Plaza de Mayo para defender los derechos conquistados y expresar de manera clara que no estamos dispuestos a resignar décadas de lucha y conquistas del movimiento obrero.